En el Registro de la Propiedad pueden facilitar información relativa a: la descripción de la vivienda, su situación, superficie, cuota de participación comunitaria, hipotecas y plazo de vencimiento, embargos a que esté sometida, posibles litigios en que pueda estar incursa. La información puede ser facilitada por el Registro en forma de nota simple de carácter meramente informativo. Asimismo, se podrá facilitar en forma de certificación o documento público:

• La nota simple informativa registral contiene la identificación de la finca, la identidad de la titularidad de los derechos inscritos sobre la misma y su extensión, naturaleza y limitaciones.
• La nota de localización proporciona información meramente instrumental que tiene como objeto facilitar la localización del Registro, provincia y municipio donde una determinada persona física o jurídica tiene bienes o derechos inscritos.
• La certificación acredita fehacientemente el contenido de los asientos del Registro. Tiene la consideración y el valor probatorio de un documento público.

En esencia, son dos las fases implicadas en la adquisición de una vivienda:

• Por un lado, se suele iniciar con la reserva del inmueble. Una vez el comprador ha encontrado la vivienda adecuada, normalmente, y una vez se ha comprobado que esta propiedad no adolece de ningún defecto o carga, se procede al pago de una reserva o señal que será o no reembolsable y se formalizará en un modelo u otro de contrato según las  necesidades del vendedor y del comprador y el plazo que necesiten ambos para formalizar las escrituras públicas.
• Una vez reservada la vivienda y transcurrido el plazo pactado , se procede a la formalización de la compraventa del inmueble que, normalmente, se escritura en documento público en una notaría y se lleva a inscripción en el Registro de la Propiedad. Esto comportará el pago de unos gastos y sus correspondientes impuestos.

La operación de formalización de la compraventa de una vivienda supone, básicamente, una serie de gastos que incluyen; notariales, fiscales ( impuesto de transmisiones) y registrales.

Los gastos notariales son los derivados de la elevación a escritura pública del contrato de compraventa de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano en presencia del notario.

Los gastos registrales se corresponden con los costes por la inscripción de la compraventa de la vivienda, una vez escriturada, en el Registro de la Propiedad.

Los gastos de gestoría, en su caso, se derivan de los trámites derivados de la operación de compraventa. Tales trámites son los relacionados con la tramitación de la documentación y pago de impuestos y registro de la escritura en el Registro de la Propiedad. 

¿Con respecto a los gastos notariales derivados de la operación de compraventa de una vivienda ¿quién debe abonar esos gastos?

Los gastos notariales se encuentran regulados en el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios. En virtud de lo que se establece en el   artículo 1455 del Código Civil, salvo pacto en contrario: Los gastos de otorgamiento de escrituras serán de cuenta de la parte vendedora (en este caso de la vivienda) y los gastos de la primera copia y de las demás posteriores a la venta serán de cuenta de la parte compradora (en este caso de la vivienda). 

No obstante, acogiéndose a lo establecido en el citado artículo cuando dice “salvo pacto en contrario”, es muy frecuente que en determinadas áreas, como en la Costa del Sol esté generalizado que los gastos de notaría sean afrontados en su totalidad por el comprador.

Los impuestos a abonar asociados a la operación de compraventa de la vivienda dependen de si se trata de una vivienda nueva o de segunda mano.

En el caso de vivienda nueva o en primera transmisión, la parte que compra la misma ha de abonar los siguientes impuestos:

• IVA. Consistente en un 10 % del valor de la vivienda. En el caso de viviendas protegidas se reduce a un 4 %.
• Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad Actos Jurídicos Documentados. Los tipos aplicables se van aprobando cada año, siendo el tipo corriente en 2023 y para Andalucía el 1,2%.
• En el caso de viviendas de segunda mano y/o posteriores transmisiones, la parte compradora debe abonar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. El tipo aplicable se aprueba cada año, siendo el tipo del 7 % el correspondiente al año 2023. Existen bonificaciones a este tipo de interés en determinados casos tasados por la ley.

La persona compradora de la vivienda deberá incluirla en su declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Asimismo, si la persona compradora es declarante del Impuesto sobre el Patrimonio y la vivienda no es su residencia habitual, hay que incluirla en la declaración del ejercicio en que se adquiera la misma. Si el comprador es no residente y adquiere la vivienda como segunda residencia, deberá liquidar y abonar el Impuesto de la Renta de No Residentes cada año.

Por último, el denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía, es un impuesto de carácter municipal que, en el caso de la compraventa de inmuebles, ha de ser abonado, en su caso, por la parte vendedora.